Crítica a la propuesta electoral de Esperanza Aguirre sobre la educación publica madrileña
El prestigioso sociólogo británico Anthony Guiddens propone en un reciente trabajo que los sistemas educativos fomenten la elección de los padres y la competencia entre escuelas. La prestación del servicio público de educación se somete a las reglas del libre mercado. Dicen estas reglas que si los padres pueden elegir la escuela de sus hijos los fondos públicos, naturalmente, han de seguir a esa elección. Entonces las escuelas competirán por la captación de los clientes, que son nuestros hijos, y ganarán las mejores, mientras que perderán las peores. De esta manera, habrá poderosos incentivos para subir la calidad de la educación impartida en las escuelas, se mejorará la relación de los padres con la administración educativa en términos de calidad del servicio, y el sistema educativo ganará en innovación y eficiencia.
La extrapolación de estas ideas al sistema educativo madrileño es un colosal disparate. El trasunto de la misma es la implantación del cheque-escolar, con la mirada puesta en el desmantelamiento del servicio público de educación, que necesita un gran impulso público para cumplir su misión de garantizar la libertad y la igualdad de hombres y mujeres, y de competir en calidad con el resto de los formatos educativos presentes en la región.
Los colegios públicos son excelentes, cuentan con los mejores profesionales, pero hay que corregir algunos problemas para que compitan todavía mejor con sus rivales, que son los colegios concertados y los colegios privados. En otras palabras, la competencia en el “mercado de la educación” no sería real: tendríamos a unos agentes, los colegios públicos, que no contarían con las mismas armas que sus competidores: ¡Menuda competencia! Además, la prestación del servicio público de educación a través de los principios de elección y libre competencia puede ser injusta, pues, pensemos con seriedad: ¿quién elegirá y quién será elegido? Veamos estas ideas con algún detalle tomando el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde las políticas de educación del gobierno regional asfixian a la educación pública madrileña.
En efecto, se ha roto el equilibrio entre los tres formatos de enseñanza: la escuela pública, la concertada y la privada. Las causas de la pérdida de equilibrio hay que buscarlas en la falta de políticas para incrementar la competitividad de la escuela pública, y en la ausencia de equidad que contagia a todo el sistema educativo. Vayamos por partes. La escuela pública no puede ser más competitiva si se aplican políticas regresivas respecto al gasto educativo y a las inversiones. No aburriré con números y tantos por cientos, pues basta mirar el Presupuesto de la Comunidad para apreciar el comportamiento tacaño del Gobierno en el gasto público por alumno. Hay un claro déficit de plazas escolares y tenemos que aumentar las infraestructuras públicas. Podemos preguntar sobre esto, principalmente, a los padres que desean llevar a sus hijos a una escuela infantil, que se encuentran con el cartel “está completo” ¡Y cómo están a veces algunos centros públicos!: o los cuidamos o se nos caen, entiéndase la exageración en sus justos términos. Y que decir del malestar del profesorado, y de las plantillas, y de la imperiosa necesidad de promover el reconocimiento profesional de quienes realizan una de las tareas más nobles en nuestra región: contribuir a la educación de los niños.
Los problemas de la educación madrileña sobre rendimiento académico y coste de la educación afectan a la equidad del sistema. La educación que recibe un niño debe ser independiente de la renta de sus padres y de su clase social. Sin embargo, el mapa regional del fracaso escolar perjudica a las zonas este y sur, y principalmente a los centros públicos. La enseñanza tiene un elevado coste para las familias, no es completamente gratuita, ni tan siquiera la pública. La integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es deficiente, hay segregación, y son los centros públicos los que mayoritariamente acogen a este alumnado. Es comprensible que algunos padres salgan corriendo de la red pública y lleven a sus hijos a los centros concertados. El PSOE siempre mantuvo una cooperación leal con la enseñanza privada concertada: ¡la inventó! Y los colegios concertados reciben dinero público. Por ello la enseñanza privada concertada tiene que asumir su responsabilidad con la sociedad y con todos los niños, especialmente si necesitan apoyo educativo. Además es necesario garantizar los principios fundamentales de tolerancia y pluralismo ideológico (art. 1 CE) de los conciertos educativos, también por razón de su financiación pública. Esto exige controlar que no aparezcan posiciones dominantes ideológicas en los conciertos, y a proceder a su apertura ideológica si aparecen.
Y al final… ¿quién elige a quién? La prestación del servicio público de educación a través de la elección y la libre competencia plantea otras objeciones serias. Así, si hay escuelas muy demandadas por los padres son ellas las que eligen, y no los padres, pues establecen mecanismos de selección. La consecuencia inmediata es la segregación o la polarización: las escuelas más “populares” elegirán a los alumnos más capaces o, presumiblemente, a los que vienen de familias con más recursos económicos.
Estoy convencido de que nuestros hijos son el recurso estratégico más importante de este siglo. Una política de educación que apueste decididamente por la calidad, la equidad y la competitividad de la Escuela Pública es la máxima garantía y expresión del principio de igualdad de oportunidades, del bienestar social, del crecimiento económico y del desarrollo de la libertad. Tenemos un patrimonio público e histórico en educación que debemos cuidar y potenciar como una exigencia de responsabilidad con las generaciones futuras. No les fallemos.
Cesar Giner Parreño
Profesor Titular. Universidad Carlos III de Madrid
Diputado PSM en la Asamblea de Madrid
El prestigioso sociólogo británico Anthony Guiddens propone en un reciente trabajo que los sistemas educativos fomenten la elección de los padres y la competencia entre escuelas. La prestación del servicio público de educación se somete a las reglas del libre mercado. Dicen estas reglas que si los padres pueden elegir la escuela de sus hijos los fondos públicos, naturalmente, han de seguir a esa elección. Entonces las escuelas competirán por la captación de los clientes, que son nuestros hijos, y ganarán las mejores, mientras que perderán las peores. De esta manera, habrá poderosos incentivos para subir la calidad de la educación impartida en las escuelas, se mejorará la relación de los padres con la administración educativa en términos de calidad del servicio, y el sistema educativo ganará en innovación y eficiencia.
La extrapolación de estas ideas al sistema educativo madrileño es un colosal disparate. El trasunto de la misma es la implantación del cheque-escolar, con la mirada puesta en el desmantelamiento del servicio público de educación, que necesita un gran impulso público para cumplir su misión de garantizar la libertad y la igualdad de hombres y mujeres, y de competir en calidad con el resto de los formatos educativos presentes en la región.
Los colegios públicos son excelentes, cuentan con los mejores profesionales, pero hay que corregir algunos problemas para que compitan todavía mejor con sus rivales, que son los colegios concertados y los colegios privados. En otras palabras, la competencia en el “mercado de la educación” no sería real: tendríamos a unos agentes, los colegios públicos, que no contarían con las mismas armas que sus competidores: ¡Menuda competencia! Además, la prestación del servicio público de educación a través de los principios de elección y libre competencia puede ser injusta, pues, pensemos con seriedad: ¿quién elegirá y quién será elegido? Veamos estas ideas con algún detalle tomando el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde las políticas de educación del gobierno regional asfixian a la educación pública madrileña.
En efecto, se ha roto el equilibrio entre los tres formatos de enseñanza: la escuela pública, la concertada y la privada. Las causas de la pérdida de equilibrio hay que buscarlas en la falta de políticas para incrementar la competitividad de la escuela pública, y en la ausencia de equidad que contagia a todo el sistema educativo. Vayamos por partes. La escuela pública no puede ser más competitiva si se aplican políticas regresivas respecto al gasto educativo y a las inversiones. No aburriré con números y tantos por cientos, pues basta mirar el Presupuesto de la Comunidad para apreciar el comportamiento tacaño del Gobierno en el gasto público por alumno. Hay un claro déficit de plazas escolares y tenemos que aumentar las infraestructuras públicas. Podemos preguntar sobre esto, principalmente, a los padres que desean llevar a sus hijos a una escuela infantil, que se encuentran con el cartel “está completo” ¡Y cómo están a veces algunos centros públicos!: o los cuidamos o se nos caen, entiéndase la exageración en sus justos términos. Y que decir del malestar del profesorado, y de las plantillas, y de la imperiosa necesidad de promover el reconocimiento profesional de quienes realizan una de las tareas más nobles en nuestra región: contribuir a la educación de los niños.
Los problemas de la educación madrileña sobre rendimiento académico y coste de la educación afectan a la equidad del sistema. La educación que recibe un niño debe ser independiente de la renta de sus padres y de su clase social. Sin embargo, el mapa regional del fracaso escolar perjudica a las zonas este y sur, y principalmente a los centros públicos. La enseñanza tiene un elevado coste para las familias, no es completamente gratuita, ni tan siquiera la pública. La integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es deficiente, hay segregación, y son los centros públicos los que mayoritariamente acogen a este alumnado. Es comprensible que algunos padres salgan corriendo de la red pública y lleven a sus hijos a los centros concertados. El PSOE siempre mantuvo una cooperación leal con la enseñanza privada concertada: ¡la inventó! Y los colegios concertados reciben dinero público. Por ello la enseñanza privada concertada tiene que asumir su responsabilidad con la sociedad y con todos los niños, especialmente si necesitan apoyo educativo. Además es necesario garantizar los principios fundamentales de tolerancia y pluralismo ideológico (art. 1 CE) de los conciertos educativos, también por razón de su financiación pública. Esto exige controlar que no aparezcan posiciones dominantes ideológicas en los conciertos, y a proceder a su apertura ideológica si aparecen.
Y al final… ¿quién elige a quién? La prestación del servicio público de educación a través de la elección y la libre competencia plantea otras objeciones serias. Así, si hay escuelas muy demandadas por los padres son ellas las que eligen, y no los padres, pues establecen mecanismos de selección. La consecuencia inmediata es la segregación o la polarización: las escuelas más “populares” elegirán a los alumnos más capaces o, presumiblemente, a los que vienen de familias con más recursos económicos.
Estoy convencido de que nuestros hijos son el recurso estratégico más importante de este siglo. Una política de educación que apueste decididamente por la calidad, la equidad y la competitividad de la Escuela Pública es la máxima garantía y expresión del principio de igualdad de oportunidades, del bienestar social, del crecimiento económico y del desarrollo de la libertad. Tenemos un patrimonio público e histórico en educación que debemos cuidar y potenciar como una exigencia de responsabilidad con las generaciones futuras. No les fallemos.
Cesar Giner Parreño
Profesor Titular. Universidad Carlos III de Madrid
Diputado PSM en la Asamblea de Madrid
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